El guindo

No es posible que sorprenda, como cayendo de un guindo, que los conservadores nacionales o periféricos, el Partido Popular o Convergencia i Unió, se dispongan a recortar prestaciones sociales, servicios públicos, gasto educativo o gestión sanitaria, allá donde gobiernan. No debe sorprender porque, en el caso de que no se trate de una cuestión contable, pretenden, sin ir más lejos, que hacer accesible a la gestión privada servicios públicos básicos tales como la sanidad o la educación.

La crisis económica internacional ha derrumbado la demanda y, como efecto colateral, los ingresos públicos. El mantenimiento de los mismos gastos e, incluso, su expansión fruto de políticas activas y políticas sociales, generó una expansión del déficit público sin precedentes. Déficit que, propiamente, fue cubierto con endeudamiento hasta que los mercados internacionales, para propios y extraños, fueron cerrados al crédito o se mantuvieron accesibles a tipos insoportables.

De inmediato los gobiernos, de espaldas a los mercados de capitales, intentando evitar financiarse a tipos abusivos, se dispusieron a reducir los gastos con el fin de no hipotecar a las generaciones venideras. En momentos difíciles, entonces, es cuando hay que demostrar qué gobiernos son inteligentes y quiénes se prestan abusivamente a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolida para cambiar de modelo educativo y sanitario.

La necesidad de equilibrar los presupuestos públicos, máxime cuando tenemos también enormes desequilibrios financieros y exterior, impone una labor de imaginación, pericia e inteligencia. Es así como existen dos vías para esta gestión del gasto: el ahorro y la eficiencia.

El ahorro supone evitar aquellos gastos que pudieran ser aplazados, esfuerzo que puede presentarse aún exigiendo a aquellos que relativamente menos lo necesitan. Se trata de evitar gastos corrientes o gastos fiscales, determinadas deducciones y desgravaciones, o, si lo desean, elevando la carga impositiva en aquellos cuyo esfuerzo puede presentarse como equitativo.

La eficiencia, tras un pormenorizado estudio, significa aumentar los bienes y servicios públicos utilizando el mismo presupuesto. Medidas que pueden servir para que, con idénticos o menos recursos, poder proveer de la misma forma y manera sin necesidad de afectar negativamente a los capítulos sociales o a aquellos que nos garantizan el desarrollo, el crecimiento, el porvenir o el futuro.

Entre estos últimos capítulos está la educación o la sanidad. Lo fácil es no contratar a tres mil interinos en la Comunidad de Madrid y dejar sin clases especializadas a numerosos alumnos o a grupos sin poder desdoblarse, reduciendo significativamente la calidad de la educación. Lo sencillo, como presenta la Generalitat, es cerrar ambulatorios o urgencias, con el fin, dice, de ahorrar presupuesto.

La pregunta, sin embargo, es, ¿si podemos detraer de otras partidas por qué los conservadores, de uno u otro signo, detraen de las básicas, sustanciales y universales? El motivo no es otro que abrir una brecha para la entrada de capital privado, el fomento de la provisión particular sobre los productos y servicios públicos, un bocado más que apetitoso, sobre todo, si se trata de bienes inelásticos en entornos de baja competencia. Es claramente todo un negocio que cualquier ciudadano puede ver siempre y cuando no acabe de caerse de un guindo. (Publicado en DiarioProgresista.es, el martes, 4 de octubre de 2011).

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A fronte pretipitium, a tergo lupi.
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