La salida socialdemócrata

A lo largo de la historia la socialdemocracia no sólo ha sido garantía de una mejor distribución de la renta y del establecimiento de estructuras sociales más democráticas, sino que, además, ha logrado desarrollar políticas activas que han servido de motor del crecimiento económico de numerosas naciones. El desarrollo económico de Suecia o Dinamarca, Alemania o Austria, Holanda o Noruega, ha estado ligado a políticas laboristas que han hecho de la población de estos países, ciudadanos y ciudadanas mejor preparados, mejor educados, más formados, más sanos, más innovadores. Verdaderos factores de crecimiento que, como digo, han convertido a la socialdemocracia en un factor de crecimiento y prosperidad.

El estado del arte del pensamiento económico durante decenios mayoritariamente se ha centrado en el error de que la acumulación de capital, por sí sola, resolvía todos los problemas. Tras la desastrosa consecuencia estos últimos años de este tipo de desatinos, los defensores de esta vía, lejos de dar un paso atrás, exigen que sus soluciones sigan siendo aplicadas. Por eso, debemos abandonar el error y adentrarnos en aquellas políticas que han llevado a la prosperidad a numerosas naciones.

Por eso, digo, debemos poner la mirada en la socialdemocracia: volver a la prosperidad. Una prosperidad sustentada en un sistema fiscal más justo, un mercado más transparente, la liberación de nuestra población de normas que evitan que pueda aportar su valor añadido y centrar nuestras políticas en el crecimiento de las capacidades de aquellos que las tienen.

Una sistema fiscal más justo, en un país como España que limita al norte con un paraíso fiscal y al sur con otro paraíso fiscal, exige que reconozcamos que la progresividad real definida ésta, no por los tramos normativos, sino por la elasticidad renta del impuesto, convierta el principio de equidad en verdadero papel mojado. Es curioso observar cómo la progresividad fiscal en el IRPF decae a partir de los 216.000 euros y quiebra completamente a partir de 600.000 euros de ingresos. En definitiva : los ricos no pagan impuestos.

Por ejemplo, este criterio exige que las instituciones financieras, algunas con problemas de liquidez -pero otras presentando unos saludables beneficios-, sean conscientes que si analizamos una serie larga, durante los últimos cuatro decenios, tras las crisis financieras que hemos pasado, éstas han aportado al erario público menos de lo que han recibido. En medio de una crisis que está haciendo que numerosas familias estén en quiebra, el beneficio neto en 2010 de las cinco grandes entidades financieras españolas superó los 14.000 millones de euros. Podemos establecer un Impuesto a los Depósitos Bancarios, cuya idea nació de Timothy Gaithner -es decir de la Administración Obama-, y ha tenido cierto éxito en las principales naciones europeas, incluso en el Reino Unido donde se ha ideado una tasa del 0,07% sobre el total del pasivo menos excluidos de los bancos británicos, prevista poner en marcha el uno de enero de 2011, y con la que pretenden recaudar unos 2.000 millones de libras esterlinas.

Un mercado más transparente debe estar motivado en el convencimiento de que grandes sectores de nuestra economía sufren grados de concentración inaceptables que dan lugar a que muchas grandes compañías se ponga de acuerdo en precios, distorsionando el mercado y generando serios perjuicios para los consumidores. Un caso claro de opacidad parte de la retribución de los ejecutivos. A lo largo de los años se ha ido estableciendo una superestructura de ejecutivos, el management, cuyas decisiones están por encima y son opacas a una propiedad formada por miles de pequeños accionistas ajenos a las decisiones tácticas. Debemos ser capaces de limitar los beneficios y bonus de esta estructura ajena a la transparencia y a las buenas reglas de funcionamiento.

Necesitamos impulsar la liberación de potencialidades que pueden hacer que nuestra población aporte valores añadidos que aún guarda en su seno. Muchas familias tienen limitado su futuro, repleto de incertidumbres y riesgos, por estar atados a una hipoteca que no sólo afecta a la garantía real del inmueble, sino a la renta futura, al futuro al fin y al cabo, de dichas familias. Los españoles debemos a los bancos y cajas por nuestras hipotecas, el saldo vivo hipotecario, asciende a 1,06 billones de euros. Deuda que no sólo recae en la garantía real, sino en el futuro personal de casi todas las familias españolas. Es tiempo de impulsar una norma que obligue a las instituciones financieras a tener únicamente como garantía el bien real y no el futuro de millones de familias españolas.

Debemos centrar nuestras políticas de crecimiento en la mejora de las potencialidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas significa aplicar políticas de igualdad que permitan que puedan acceder a su propia libertad y autonomía, especialmente a todos aquellos que tienen condiciones sociales o personales adversas; políticas de salud y educación, autonomía y prevención, que nos hace una población más formada y competitiva, más sana e innovadora. Todo ello, junto con el apoyo a los emprendedores, incluso con financiación pública en el caso de que el mercado le dé la espalda al futuro de nuestros jóvenes emprendedores, innovadores y exportadores, hará que no sólo podamos cubrir las necesidades de aquellos que las soportan, sino que además, podamos alentar las capacidades de aquellos que las tienen. (Publicado en DiarioProgresista.es, el lunes, 10 de octubre de 2011).

 

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About antoniomiguelcarmona

A fronte pretipitium, a tergo lupi.
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