Universal

Con la excusa de los recortes, los presupuestos que los conservadores presentan en cada una de las comunidades autónomas donde gobiernan buscan nuevos modelos privados en educación y sanidad, rompiendo la universalidad de la provisión pública.

Los socialistas de la II Internacional, los denominados socialdemócratas, defienden que la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos es el objetivo de una sociedad próspera y avanzada. A diferencia de los liberales del siglo XVIII -como Esperanza Aguirre-, están convencidos de que existen numerosas personas con condiciones sociales adversas (como la pobreza) o con condiciones personales adversas (la discapacidad) que les impide acceder a la libertad como otros que no tienen dichas condiciones en contra.

Para lograr que todos los ciudadanos tengan acceso a la libertad y a la autonomía, se aplican políticas de igualdad a partir de las cuales logramos que todos tengan similar facilidad de ejercer la libertad. Educación, Sanidad, Servicios Sociales, son hitos a alcanzar para que todos y cada uno de los ciudadanos tengan parecida autonomía.

Así, son muchos más los brazos a remar y participar en el bien común, desde la cooperación en algunos casos, desde una mayor competencia en otros. A diferencia de los liberales dieciochescos, serán todos los ciudadanos los que ganen libertad, en vez de un grupo de favorecidos o aventajados.

Para ello, los servicios han de ser universales. No cabe la beneficencia en la que bienes y servicios públicos (deteriorados) se suministran a los menos favorecidos, mientras que los más adinerados se proveen privadamente de educación o sanidad. La universalidad garantiza la mejor provisión de bienes y servicios públicos, de tal forma que, correctamente financiados, logramos que las personas de mayor renta escojan la provisión pública de educación o sanidad, por ejemplo, por ser sencillamente la mejor.

Si se da esta última condición, habremos logrado políticas de igualdad que beneficien a todos por igual, personas capaces de vencer las condiciones sociales y personales adversas, y, por ende, se obtenga un mayor número de ciudadanos libres y autónomos.

Desde la libertad de la familia, ésta podrá elegir entre un colegio privado que le dote de singularidad a la enseñanza de su hijo (una determinada religión) o uno público cuya característica ha de ser la de suministrar una educación óptima, de calidad e insuperable. Del mismo modo, un paciente, en libertad también, podrá elegir entre un servicio sanitario público inmejorable o una determinada particularidad en la provisión sanitaria privada.

Para ello los servicios públicos han de estar dotados correctamente, de tal forma que, logrando que sean los mejores, en competencia los privados, alimentados exclusivamente por la provisión privada, concurran y, de esta forma, puedan ofertar una mejor producción de bienes y servicios.

Si, por el contrario, como hace el PP, financiamos los servicios privados (educación, sanidad) con financiación pública, habremos distorsionado el sistema, roto la universalidad, dispersado las políticas de igualdad y generado un desequilibrio público-privado lesivo para los intereses de la nación. (Publicado en DiarioProgresista.es, el viernes, 28 de octubre de 2011).

 

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A fronte pretipitium, a tergo lupi.
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